Entre el 10 y 21 de junio, se llevó a cabo, en Ginebra, la 108° Reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que este año culminó con la adopción de un histórico instrumento: “La Declaración del Centenario sobre el Futuro del Trabajo”, que se aprobó en el marco de la celebración de los primeros 100 años de esa Organización Internacional, nacida en el Tratado de Versalles -de 1919- que puso fin a la Primera Guerra Mundial.

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En dicha declaración, la OIT reconoció que vivimos en un mundo donde el trabajo se está transformando radicalmente por el efecto de la innovación tecnológica, la evolución demográfica, el cambio climático y la globalización. Y se comprometió, entre otras cosas, a orientar sus esfuerzos al aseguramiento de una transición justa, para alcanzar un futuro del trabajo ambientalmente sustentable.

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No obstante, Venezuela sigue transitando en sentido contrario, porque a pesar de la evolución que, ciertamente, está experimentando el trabajo en el mundo civilizado, las relaciones laborales del país se siguen desmoronando, como consecuencia de una crisis indetenible y de magnitudes colosales.

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Los daños en el aparato productivo venezolano ya son estructurales, mientras los trabajadores y las empresas migran a otras latitudes en búsqueda de nuevas y mejores oportunidades.

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Sin embargo y a pesar de ello, la crisis venezolana no dejó de estar en el ambiente de la Conferencia de la OIT, sobre todo después de que se conociera que una Comisión de Alto Nivel de esa Organización Internacional, podría visitarnos entre el 8 y 14 de julio, precisamente, con la intención de examinar el trance por el que atraviesa nuestra Nación, según lo informó el Presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal.

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La misión debió llegar a Caracas entre el 9 y 17 de febrero, pero fue suspendida por la inestabilidad política que se desencadenó, después de que el Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se juramentara como Presidente de la República.

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Ahora la visita habría sido reprogramada y se realizaría poco después de la misión de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Fundamentales de la ONU, Michelle Bachelet, quien también participó en la 108° Reunión de la OIT, pocos días antes de su arribo a Venezuela.

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Como se sabe, desde el mes de marzo de 2018, el Consejo de Administración de la OIT, decidió designar una Comisión de Encuesta para examinar el incumplimiento de los convenios números 26, de 1928, sobre los métodos de fijación de salarios mínimos; 87, de 1948, sobre la libertad sindical y la protección del derecho a la sindicación; y 144, de 1976, sobre la consulta tripartita (normas internacionales de trabajo).

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El procedimiento se inició a partir de una queja introducida por 33 delegados del grupo de los empleadores, en la 104° Reunión de la OIT del año 2015. Y en el pasado mes de mayo, ya se llevaron a cabo varias audiencias con algunos representantes de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), de Fedecámaras y del Régimen que preside Nicolás Maduro.

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Cabe señalar que la Comisión de Encuesta es el procedimiento de investigación de más alto nivel de la OIT. Y, en general, se recurre a ella cuando un Estado Miembro es acusado de cometer violaciones persistentes y graves al Sistema Normativo de esa Organización Internacional, y cuando éste se hubiese negado reiteradamente a ocuparse del asunto.

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En un siglo, la OIT ha establecido sólo 13 comisiones de encuesta, incluyendo la más reciente que se ocupará ahora de la crisis venezolana.

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La Comisión está integrada por Manuel Herrera Carbuccia (presidente), quien se desempeña como Juez Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana; María Emilia Casas Baamonde (miembro), Ex presidenta del Tribunal Constitucional español, y Sergio Pérez del Castillo (miembro), quien se desempeñó como miembro gubernamental del Comité de Libertad Sindical de la OIT.

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Después de examinar detenidamente el caso y recabar las pruebas necesarias, esa Comisión deberá redactar un informe en el cual expondrá el resultado de sus averiguaciones, así como las recomendaciones que considere pertinentes, a propósito de las medidas que debieran adoptarse para dar satisfacción a los reclamantes.

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La visita se produciría en medio de una enorme tensión política, económica y social, y a pocas semanas de que se dieran a conocer, por diversas fuentes, nuevas cifras que revelan un colapso del aparato productivo del país, de sus relaciones laborales y, en general, de toda la economía.

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En efecto, a finales del mes de mayo, el Banco Central de Venezuela (BCV), después de varios años sin publicar cifras económicas, reconoció oficialmente que el PIB se desplomó en un 47,7%, entre 2013 – 2018, con una hiperinflación mensual que, sólo este año, alcanzó el 196,6% en enero, 114,4% en febrero, 34,8% en marzo y 33,8% en abril; cifras que, a pesar de lo gigantescas que resultan, no han dejado de ser cuestionadas por algunos economistas, que consideran que la situación es todavía más grave a la descrita por el informe.  

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Por su parte, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) indicó hace pocos días, que -sólo en el mes de mayo- las protestas en el país se incrementaron en un 81%.

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En efecto, según esa Organización no Gubernamental, en ese período se registró un total de 1.541 protestas, mientras que en el mismo mes del año 2018 -que fue bastante conflictivo- se habían reportado apenas 850.

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Entretanto, en abril de este año, un informe de Bloomberg pronosticó que, en 2019, el desempleo en el país alcanzará un impresionante 44,3%. Cifra que, según el Fondo Monetario Internacional, coloca a Venezuela en una posición similar a la ruina experimentada por Bosnia en los años 90.

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Por su parte, el salario de los venezolanos sigue en caída libre, pues según el último informe del Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas), hacen falta 30 salarios mínimos para adquirir la Canasta Alimentaria, después de que -en el mes de mayo- ésta alcanzare la exorbitante suma de 1.218.147,82 Bs.

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En efecto, el salario mínimo en Venezuela se ubicó, para junio de este año, en apenas 40.000 Bs., que calculados a la tasa oficial del mismo mes equivalían a unos 6,57 dólares mensuales, a pesar de los ocho ajustes que se han realizado entre 2018 y 2019.

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Finalmente, estadísticas actualizadas de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), revelan que, hasta junio de este año, la cifra de venezolanos migrantes, refugiados o solicitantes de asilo en el mundo, alcanzó los 4.001.917. Esto supone una situación sin precedentes en América Latina, comparable al caso de Siria.

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Se sabe, además, que muchos de esos migrantes no han alcanzado una situación migratoria estable en los países donde residen y mucho menos condiciones laborales equivalentes a los nacionales del país donde trabajan.

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En efecto, en un reciente informe del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, para citar apenas un ejemplo, se reveló que los trabajadores migrantes venezolanos en ese país, en situación regular, estarían recibiendo un 34,9% menos de sueldo que los colombianos.

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Por su parte, la situación empresarial no es menos desoladora, pues según cifras de la Confederación de Industriales de Venezuela (CONINDUSTRIA), sólo en 2018, cerraron unas 700 empresas en el país.

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En efecto, hace pocos días una empresa tan emblemática como la multinacional 3M, anunció el cese de sus operaciones, después de 54 años de labores.

     

El Régimen que preside Nicolás Maduro ha reconocido el colapso económico y social del país, no solo al publicar el informe del BCV a finales de mayo pasado, sino a través del discurso que pronunció en la Conferencia Internacional de la OIT, el propio Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, Eduardo Piñate.

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Sin embargo, se sigue sosteniendo que los problemas están siendo causados por una supuesta agresión que estaría recibiendo el país, por parte de los Estados Unidos de América, y no por los 20 años de políticas erráticas y antidemocráticas del Socialismo del Siglo XXI.

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Son muchos los venezolanos que, con razón, dudan sobre la eficacia de la ONU y, por ende, de la que pudiera tener también la Comisión de Encuesta nombrada por la OIT, en la resolución del conflicto venezolano, pues se sabe que la segunda organización funciona como un organismo especializado y adscrito a la primera.

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Sin embargo, no debe olvidarse cómo una Comisión similar a ésta, establecida para los polacos en los años 80, fue determinante para los cambios que llevaron la democracia a ese país, como alguna vez lo reconociere el propio -dirigente sindical y posterior Presidente- Lech Walesa.